Con motivo de la participación del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP) en la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, realizada en el día de ayer, en el marco del tratamiento del proyecto de alivio fiscal para el comercio.

El tratamiento del proyecto de alivio fiscal para el comercio dejó más dudas que certezas. Las cámaras empresarias fueron convocadas, recibidas y escuchadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Honorable Cámara de Diputados. Allí expusieron, con datos concretos, la realidad que atraviesa el comercio entrerriano: la caída del consumo, el incremento sostenido de los costos, la elevada presión tributaria y la necesidad de ampliar el alcance de los beneficios para que lleguen efectivamente a quienes sostienen el empleo formal y la actividad económica de la provincia.

Sin embargo, al conocerse las conclusiones del tratamiento en comisión, quedó en evidencia que ninguno de esos planteos fue incorporado al proyecto. Ni una sola de las propuestas formuladas por las entidades empresarias fue considerada. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿para qué convocar al diálogo si las decisiones ya estaban tomadas de antemano?

El proyecto impulsado por el oficialismo mantiene un alcance tan limitado que termina convirtiéndose en una medida de escaso impacto frente a la profunda crisis que atraviesa el sector. Eximir únicamente a las categorías más bajas del monotributo deja afuera a la enorme mayoría de los comerciantes que todos los meses enfrentan el pago de alquileres, salarios, tarifas, impuestos y demás costos necesarios para sostener miles de puestos de trabajo en Entre Ríos.

El diálogo institucional no puede reducirse a una mera formalidad. Escuchar también significa estar dispuesto a incorporar propuestas cuando son técnicamente viables, razonables y representan a quienes invierten, producen y generan empleo. De lo contrario, estas instancias terminan siendo una pérdida de tiempo para las cámaras empresarias y un procedimiento destinado únicamente a mostrar una apertura que, en la práctica, nunca existió.

El comercio entrerriano necesita decisiones de fondo y políticas públicas que respondan a la realidad que atraviesan las empresas, no anuncios de bajo impacto. Si el objetivo era brindar un verdadero alivio fiscal, esta era una oportunidad para construir una ley consensuada, amplia y efectiva. Lamentablemente, se optó por avanzar con un proyecto que desoyó los aportes del sector privado y que difícilmente modifique la situación de quienes, todos los días, levantan la persiana, generan empleo y mantienen en marcha la economía de Entre Ríos.

Gobernar también es escuchar. Pero escuchar solo tiene sentido cuando existe la voluntad de transformar ese diálogo en decisiones concretas.