La reciente decisión de la ARCA, (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, continuadora de la AFIP), de intensificar las verificaciones sobre el comercio minorista, especialmente en el uso de medios electrónicos de pago, facturación y cruces de información, invita a una reflexión profunda sobre la equidad de nuestro sistema tributario.
Si bien es correcto que el Estado vele por el cumplimiento de las normas, desde la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, sostenemos un reclamo histórico para que esta medida sea efectiva y justa y contemple tres pilares fundamentales:
En primer término, la necesidad de una fiscalización universal. El beneplácito con los controles se desvanece si la lupa se posa siempre sobre los mismos sujetos. El mayor reclamo del sector comercial no es la inspección en sí, sino la asimetría.
Segundo, terminar con la práctica fiscal de Cazar en el Zoológico. Las inspecciones no deben limitarse a quienes ya están en el padrón y se esfuerzan por cumplir.
Por último y muy importante, desalentar a la competencia desleal: Mientras el comercio establecido afronta cargas crecientes, sectores informales como manteros, ferias tipo «Saladitas», locales sin habilitación o los Marketplace, operan al margen de toda obligación. La evasión del sector informal es la competencia más dañina que enfrenta el comerciante legal.
Un prerrequisito para la exigencia fiscal es la infraestructura. Exigir el uso de terminales de pago, como Posnet o similares, sin garantizar la conectividad es una contradicción operativa que aplica a muchas localidades del interior profundo de cada provincia.
La brecha digital resulta que, según datos recientes de 2025, aunque la conectividad ha crecido, persiste una brecha del 20% en zonas rurales y ciudades del interior donde la red celular o de Internet es inestable.
También resulta en un costo sin utilidad, toda vez que sin una infraestructura mínima garantizada por el Estado, la obligación de aceptar tarjetas o medios electrónicos de pago, se convierte en una formalidad costosa que no se traduce en ventas efectivas, perjudicando tanto al comerciante como al consumidor, requisito que no se le reclama al comercio informal.
Hay que evaluar la Presión Tributaria y el círculo vicioso de la Evasión ya que la pregunta planteada sobre si la presión es alta por la evasión, o viceversa, sigue siendo el centro del debate económico.
Comparativa Regional (Datos Actualizados 2025/2026)
De acuerdo con informes recientes del IARAF y organismos internacionales:
IVA: Argentina mantiene una alícuota general del 21%, una de las más altas del continente, mientras que el promedio en América Latina oscila el 15%. Países como Paraguay mantienen el 10%.
Presión Fiscal Efectiva: Aunque en 2025 se registró una baja real de la presión tributaria nacional, cayendo aproximadamente 1,1 puntos porcentuales del PBI debido a la eliminación de tributos como el Impuesto PAIS, la presión formal sobre el que paga sigue siendo asfixiante.
Complejidad Administrativa: Argentina cuenta con aproximadamente 155 tributos, entre nacionales, provinciales y tasas municipales. Un pequeño comercio no solo paga, sino que debe invertir en asesoría profesional para navegar en una maraña de presentaciones mensuales que se ha vuelto más rígida con las nuevas normativas de reportes para controladores fiscales.
La conclusión es que el Estado tiene el derecho de recaudar, pero la ciudadanía tiene el derecho a la igualdad ante la ley. Para que las verificaciones no sean un simple ejercicio de recaudación sobre el sector formalizado, la ARCA debe buscar la universalidad. Solo mediante la protección ante la competencia desleal y la simplificación del sistema se podrá reducir la brecha que hoy divide a la economía argentina.
La aplicación de la Ley con equidad es justicia pero subsiste el interrogante de si los sabuesos fiscales, ¿dejarán de cazar en el zoológico?
ANTONIO FABIAN HRYNIEWICZ
VISITA MI BLOG: https://tu-opinion-vale.blogspot.com
